Puede haber cosas peores que ser un parado y agotar las prestaciones económicas por las que ha contribuido. Puede ocurrir que se tenga que acudir al médico y en el ambulatorio le digan al paciente que la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad que garantizan las leyes no rige para autónomos y pequeños y medianos empresarios que hayan causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) y para quienes no tengan trabajo y hayan agotado la prestación por desempleo. ¿Niega Murcia la asistencia a parados e inmigrantes?
Se trata de una de las lagunas más clamorosas del entramado del Estado de Bienestar, que está provocando en diversas comunidades autónomas situaciones lesivas para los ciudadanos.
Aunque el asunto viene de lejos, con un número incesante de personas que pierden su cobertura transcurridos el periodo de prestación del desempleo, el problema se ha agudizado en muchas comunidades autónomas.
El Ministerio de Trabajo salió ayer al paso de los casos que se han presentado con más virulencia, como Galicia y Murcia, recordando a las comunidades autónomas que la Ley General de Salud Pública marca la senda administrativa para solucionar esta anomalía, que es la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acceder a la base de datos de este organismo y tramitar la cobertura universal para las personas que el INSS da de baja.
Unos 300.000 afectados
El Ministerio señala que unas 300.000 personas (y eventualmente sus familiares) se encontrarían en esta situación, no sólo parados, sino pertenecientes a colectivos profesionales como abogados, arquitectos, etc.
El Ministerio de Trabajo alude entre esas comunidades que no han firmado el convenio directamente a Galicia.
La respuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, incluyó una crítica al INSS por dar de baja a esas personas. "Los servicios de salud de toda España", aseguró el presidente gallego, "están intentando solventarlo", pero es un problema creado por la normativa del INSS. Núñez Feijoo garantizó a todos los residentes en Galicia que tienen "cien por cien garantizada la asistencia sanitaria".
El origen de los problemas surgidos ahora con la mayor virulencia del desempleo es bastante antiguo y se remonta a la Ley General de Sanidad de 1986 que reconoce la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y a los extranjeros que tengan su residencia en España.
Este principio general se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con el objetivo de cumplir con el principio de universalidad de la sanidad pública a través de múltiples disposiciones del Estado y de las comunidades autónomas, pero el resultado está aún lejos de lograr el objetivo. Por otra parte, el sistema de financiación de la sanidad pública ha discurrido por otras vías normativas, que culminan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1999, que supuso la sustitución de los ingresos derivados de las cotizaciones sociales por los ingresos ordinarios del Presupuesto, con lo que se desvinculó de manera efectiva la financiación de la atención sanitaria de la cotización a la Seguridad Social.
La mayor anomalía del sistema es que el reconocimiento del derecho a la prestación sanitaria sigue vinculado, fundamentalmente, a la situación de estar dado de alta en la Seguridad Social, salvo casos en los que se aplican normas sectoriales nacionales o autonómicas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde el año 2009 se comprometió a no atender las peticiones de baja del INSS y a revisar de oficio las bajas injustificadas.
Esta incongruencia normativa ha derivado en un sistema aparentemente universal, que la Ley General de Salud Pública aprobada en octubre pretende eliminar a partir del 1 de enero de 2012, aunque seguirá siendo el INSS el que gestione los números de los beneficiarios.
Fuente: Elecominista.es
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